A 39 años del fin de la dictadura cívico-militar, la Armada expulsó de sus filas a seis de sus represores más notorios. Lo hizo tras la decidión del Ministerio de Defensa a cargo de Jorge Taiana, que emitió una resolución en la que quita el estado militar al grupo de genocidas.
Se trata de Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías, que pertenecían al grupo de tareas 3.3 de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y fueron condenados en la llamada Causa Esma III, derivada de la megacausa Esma.
Luego de cinco años de juicio, terminó con 29 condenas a prisión perpetua, dentro de las cuales se encuentran las condenas firmes a los seis militares dados de baja por el ministerio de Defensa; además de 19 condenas a penas entre 8 y 25 años y 6 absoluciones.
La Esma fue el centro clandestino de detención más emblemático del terrorismo de estado, y por sus mazmorras pasaron más de 5000 detenidos-desaparecidos, de los que sobrevivió solo un centenar. Allí los hombres de la Marina cometieron crímenes como la privación ilegal de la libertad, tormentos y torturas, robo de niños nacidos en cautiverio, delitos sexuales, y exterminio de prisioneros arrojados vivos al mar en los “vuelos de la muerte”.
“El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la causa, notificó al Ministerio de Defensa una vez que quedó firme la sentencia para que actúe según lo previsto en la Ley N° 19.101 para el Personal Militar que establece la baja obligatoria de los condenados como consecuencia de la pena de inhabilitación absoluta y perpetua impuesta mediante sentencia firme”, informó el ministerio que conduce Taiana.
Asimismo, se destacó que la decisión se enmarca en el compromiso asumido por el ministerio de Defensa de implementar una política de respeto a los derechos humanos y de integración de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, donde “resulta inaceptable y contrario a derecho que exista personal con estado militar que se halle, a la vez, condenado por delitos de lesa humanidad”.
A través de un comunicado, los organismos de derechos humanos celebraron la noticia.
Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos señalaron que estos militares también son parte de quienes “continúan cometiendo el delito de apropiación y sustitución de identidad de hijas e hijos de personas víctimas de desapariciones forzadas que aún seguimos buscando”.
Y agregaron: “Esperamos que la medida se haga extensiva a todos los condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad”.
“El control civil de las fuerzas armadas debe garantizar la baja efectiva de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, concluye el comunicado también firmado por Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Centro de Estudios Legales y Sociales, Movimiento ecuménico por los Derechos Humanos –MEDH, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, y Asociación Buena Memoria.
En esa misma línea, el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia celebró en su cuenta de la red social Twitter “la decisión del ministro Jorge Taiana de disponer la baja”.
Y recordó: “En julio de 2006, el juez Sergio Torres ordenó el procesamiento de Pernías, Acosta, Rádice y González, junto a otros 14 integrantes del GT 3.3.2 de la ESMA, por su responsabilidad en la Masacre de San Patricio, donde fueron asesinados nuestros cinco Mártires Palotinos”.