Los senadores oficialistas Aníbal Fernández y Elena Corregido presentaron dos proyectos que proponen habilitar la denuncia “solidaria” de terceros y todos aquellos que se sientan afectados, como niños y adolescentes, sobre violencia familiar. También imponen castigos a funcionarios públicos que teniendo que haber actuado en estos casos no lo hayan hecho, crean un registro nacional de deudores alimentarios en mora y plantean restricciones para estas personas, como el impedimento de obtener o renovar el pasaporte, las licencias de conducir, tarjetas de crédito o la apertura de cuentas bancarias. “No derogan ninguna de las leyes vigentes, simplemente buscamos un complemento porque entendemos que hay cosas que están ausentes o en el vacío o en zonas grises”, explicó Fernández, quien en el encuentro con la prensa aclaró que una reforma constitucional “no forma parte de nuestra agenda”.
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