Los trabajadores haitianos se rebelan contra la violencia en la isla. El pasado 25 de enero, la Brigada Sindical Anticorrupción (BSAC) convocó a la fuerza laboral haitiana para materializar una huelga masiva, con el objetivo de mostrar su inconformidad con la gestión del primer ministro, Ariel Henry, ante la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, que se suma a la extendida pobreza y la inestabilidad política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021.
Con el apoyo de la Central Nacional de Trabajadores Haitianos (CNOHA), la huelga se extenderá hasta el 31 de enero, focalizando su inconformidad en los bloqueos viales que imponen algunas pandillas a lo largo del territorio, los cuales bloquean el tránsito y la llegada de suministros básicos desde la periferia a la capital, donde la crisis humanitaria empeora cada día.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Möise, en 2021, Haití se ha sumido en una crisis política de la que no ha podido salir. Esto se suma a la crisis humanitaria y económica que atraviesa el país desde hace más de una década, acrecentada con el terremoto de 2010, del cual la isla no se ha podido recuperar totalmente después de catorce años.
Con el vacío de poder existente, generado por el cúmulo de tragedias existentes en la nación caribeña, la más pobre de América, las organizaciones criminales han tomado las armas para enfrentarse directamente a las débiles fuerzas de seguridad haitianas, buscando arrebatar el control de la capital haitiana al Gobierno, empleando una ola de terror contra la población.
Ante la impunidad de los grupos criminales haitianos, el Gobierno urgió en 2022 por asistencia internacional para enfrentar su inestabilidad interna, sin embargo, la comunidad internacional no había encontrado entre sus miembros un Estado voluntario que estuviera dispuesto a liderar una misión de dicha Índole en la isla.
Kenia levantó la mano en julio de 2023, postulándose ante Naciones Unidas para comandar una misión internacional, con el objetivo de reforzar a la Policía nacional y facilitar el combate contra las pandillas.
Aunque la ONU aprobó la misión en octubre pasado, la Suprema Corte keniana calificó el plan de enviar fuerzas de seguridad nacionales a Haití como “inconstitucional” el pasado 25 de enero, alegando que no existe un “acuerdo recíproco” con el país receptor.
La decisión del órgano judicial del país africano ha provocado desesperanza en Haití.
Mientras tanto, Haití sigue sumergida en una de las peores crisis, que ya ha provocado el éxodo de más de 300.000 nacionales dentro de su propio territorio.