“Emergencia nacional” en Italia por la baja natalidad

Italia tiene una de las tasas de natalidad más bajas de la UE y envejece a un ritmo mucho más rápido que otros Estados miembros. Hacer frente a este problema es uno de los principales retos del Gobierno que encabeza Georgia Meloni.

Según los últimos datos de Eurostat, la mitad de la población italiana tiene actualmente una media de edad superior a los 48 años. Junto con Portugal, Italia tiene el mayor porcentaje de residentes mayores de 65 años, igual al 24%, aproximadamente uno de cada cuatro.

Este aumento refleja una tendencia a escala europea, en la que el bloque experimenta un aumento general de su edad mediana (44,5 años). El número de personas mayores representa ya más de una quinta parte de la población del bloque.

La razón del envejecimiento de la población italiana es sencilla: el número de muertes supera con creces el número de nacimientos.

En los últimos 40 años, la media de hijos por familia en Italia ha sido inferior a 1,5 por mujer. Los datos más recientes están por debajo de 1,24 por mujer.

Se necesita una tasa de 2 nacimientos por mujer para mantener una población estable. Este descenso de la tasa de fecundidad comenzó en los años 80, aunque con fluctuaciones ocasionales.

Ahora, una conferencia de dos días celebrada en Roma ha ofrecido la oportunidad de debatir lo que se está describiendo como una “emergencia nacional interpartidista”.

Una de las ponencias fue interrumpida por parte de un grupo de jóvenes activistas que arremetieron contra las medidas antiabortistas del Gobierno de Giorgia Meloni, una gran defensora de aumentar la natalidad.

Los organizadores subrayaron que detrás del acto estaba una institución privada y no el Gobierno. Gigi de Palo, responsable de la Fundación para la Natalidad, afirmó que la crisis es apolítica.

“Se trata de una cuestión que afecta a todo el mundo y a todo el espectro político, pero también a todas las categorías sociales, desde los inmigrantes hasta los ancianos”, afirmó.

El mes pasado estallaron protestas en Roma después de que la Cámara Baja del Parlamento italiano aprobara un proyecto de ley que permite a los activistas antiabortistas entrar en las clínicas para, por la fuerza, paralizar sus actividades o interrumpirlas.

Según el Ministerio de Salud, cada año se practican en Italia unos 60.000 abortos (63.653 en 2021) y el 42,8% de las mujeres que pretenden abortar acuden a los centros de asesoramiento sanitario para obtener el certificado médico obligatorio.

Ayer, la ministra de Familia italiana, Eugenia Roccella, abandonó la conferencia en Roma sobre políticas de natalidad tras ser interrumpida por un grupo de mujeres que, desde el publico, protestaron por las amenazas al derecho al aborto, que está permitido en Italia desde 1974 y que es serveramente limitado por legislaciones regionales.

Explotando la autonomía regional en el ámbito sanitario, algunos gobiernos regionales impulsan profundas disparidades en la aplicación de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo.

Por ejemplo, a pesar de que desde hace cuatro años la ley permite la práctica del aborto farmacológico en los centros de asesoramiento sanitario —un método menos invasivo y más seguro que el aborto quirúrgico, además de más barato—, en realidad, hasta ahora sólo Emilia Romaña, Toscana y Lacio han decidido asegurarlo.

El envejecimiento de la población plantea problemas tanto al sistema de pensiones como al sanitario. La directora general del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT), Sabrina Prati, afirmó que la crisis ha sido “persistente” durante muchos años.

“Desde 2008 hasta hoy hemos perdido alrededor de 200.000 nuevos nacimientos. Dos tercios de ellos se deben a que faltan padres potenciales. Eso se debe al descenso de nacimientos que se remonta a hace 30 años”, explicó.

Solo en 2023, el Gobierno italiano destinó unos 1.000 millones de euros a medidas destinadas a ayudar a las mujeres a afrontar la maternidad y el trabajo. Pero Ardiano Bordingnon, presidente del Foro Nacional de las Familias, cree que esto no es suficiente y que es necesaria una intervención de la UE.

“Estamos hablando de un reto muy difícil y de proporciones históricas para todo el mundo occidental. Lo ideal sería que Europa interviniera convocando una conferencia intergubernamental para debatir el asunto”, dijo.