Ecuador: reformas y seguridad en un referendo decisivo

Ecuador vivirá este 21 de abril de 2024 una nueva jornada electoral, que consiste en una “Consulta Popular y Referéndum”, que se desarrollará tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, para responder en 11 preguntas (5 de referéndum y 6 de consulta popular) relacionadas, sobre todo, con el ámbito de la seguridad.

La consulta popular tendrá lugar en un clima particular: si bien se levantó el estado de sitio, Ecuador continúa bajo declaración de conflicto interno armado y por eso el Gobierno de Daniel Noboa mantiene a las fuerzas armadas para tareas de seguridad en las calles y cárceles.

Una de las preguntas se refiere directamente a ese tema, y consulta sobre si autorizarlo o no.

Además, el clima continúa enrarecido por el conflicto diplomático con México, tras la invasión de la embajada de ese país para secuestrar al exvicepresidente Jorge Glas.

Los ciudadanos desde los 18 años hasta los 64 años están llamados a concurrir a las urnas, y de acuerdo con el medio ecuatoriano Primicia, el padrón está integrado por 13,6 millones de personas.

Días atrás, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó que el referéndum será “el golpe más duro” contra “terroristas” y “políticos corruptos”.

Noboa sostuvo haber observado en días recientes “cómo las personas, algunos delincuentes sentenciados y otros que pronto van a ser sentenciados están hablando y atacando la consulta porque se ven perdidos” y añadió que “están atacando también” al Gobierno.

Las preguntas, una por una

Las primeras cinco abordan posibles reformas a la Constitución de 2008, la cual fue aprobada durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017). Las otras seis preguntas están relacionadas con cambios legislativos que no conllevan modificaciones a la carta magna.

• El Ejército a las calles

Desde 2021 se declararon más de una decena de estados de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía a combatir el crimen organizado en los picos de mayor violencia criminal, por lo que se busca que este rol de los militares sea permanente, sin necesidad estados de emergencia que tienen un límite de tiempo determinado.

• Extradición para criminales pedidos por otros Estados

Hasta ahora la Constitución vigente impide que el Estado ecuatoriano pueda entregar por la vía de la extradición a personas reclamadas por la Justicia de otros países, una figura que con este referendo puede habilitarse, aunque estará excluida para países donde se aplica la pena de muerte y otros castigos crueles, así como para delitos políticos, salvo terrorismo y delitos de lesa humanidad establecidos en convenios internacionales.

• Reforma laboral

Noboa pretende flexibilizar la contratación laboral con contratos temporales y por horas, modalidades que actualmente no contempla la legislación de Ecuador y con las que el Gobierno piensa que puede generar nuevos empleos y además frenar la migración irregular a Estados Unidos.

• Acción de protección y habeas corpus

El Gobierno propone la creación de un sistema de juzgados en materia constitucional, con salas de primera y segunda instancia, que se encargue de ver recursos como la acción de protección y el habeas corpus, que actualmente tramita cualquier juez, lo que ha dado pie a tramas de corrupción judicial que han permitido a narcotraficantes y a delincuentes salir en libertad, pese a estar con condenas vigentes.

• Penas más duras

Los ecuatorianos también votarán si quieren endurecer las penas para los delitos de terrorismo y su financiación, producción de drogas, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato (asesinato por encargo), trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal.

• Sin derechos para los presos

Asimismo, se consultará la posibilidad de privar de cualquier beneficio penitenciario a los condenados por financiación del terrorismo, reclutamiento de menores de edad con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción de drogas, minería ilegal, tenencia y portación ilegal de armas, extorsión, tráfico de influencias, ofrecimiento de tráfico de influencias y testaferrismo, para que cumplan toda su condena dentro de prisión.

• Militares en cárceles

También se sometera a consulta si los encargados de controlar los accesos a las cárceles puedan ser de las Fuerzas Armadas, después de que las bandas criminales hayan sido capaces de introducir grandes arsenales de armas y explosivos a las prisiones, utilizadas en las masacres que desde 2020 han costado la vida a medio millar de reclusos.